Itzamar Peña de paso agradeció a sus compañeros legisladores por apoyar esta medida.
El Capitolio- La Senadora novoprogresista, Itzamar Peña Ramírez confía en que, una vez llegue a su atención conforme al trámite legislativo, la Gobernadora Wanda Vázquez Garced convierta en ley el Proyecto del Senado 146 de su autoría que busca enmendar la “Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, a los fines de otorgarle capacidad jurídica a las madres, padres, hijas e hijos mayores de edad, para solicitar órdenes de protección a favor de sus hijos (as) y madres o padres, víctimas de violencia doméstica.
El Proyecto del Senado 146 fue aprobado por unanimidad en el Senado desde noviembre de 2017 y fue recientemente aprobado en la Cámara de Representantes con 33 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenidos.
Según el Proyecto, a pesar de que la Ley Núm. 54, supra, fue aprobada hace veinticinco (25) años y de que es un estatuto de avanzada, la realidad es que no se ha logrado erradicar el problema de la violencia doméstica.
“Lamentablemente seguimos siendo testigos de los múltiples casos de violencia doméstica, y ha trascendido públicamente sobre las muertes de mujeres, que han sido vilmente asesinadas por sus parejas o ex parejas, en muchos casos frente a sus propios hijos. En estos casos, la mujer muere víctima de su agresor y además, se destruye la vida de sus hijos ya que reciben un daño emocional y sicológico irreparable”, señaló Peña Ramírez.
El Proyecto establece que en muchas ocasiones la víctima de violencia doméstica sufre tanto temor a que le hagan más daño a ésta o a sus hijos, que se limita su capacidad de acudir al Tribunal buscando ayuda o de presentar una solicitud de orden de protección.
Actualmente la Ley Núm. 54 permite que ciertas personas puedan solicitar la Orden de Protección a nombre de la víctima, si se cumplen ciertas condiciones allí establecidas. Inclusive, la Ley permite que en ciertas circunstancias un patrono pueda solicitar una Orden de Protección a favor de las empleadas o empleados, visitantes y cualquier otra persona que se encuentre en su lugar de trabajo.
“Sin embargo, los padres e hijos(as) de las víctimas, que por lo general son los más cercanos a éstas, y quienes realmente conocen la situación de violencia que éstas sufren, no están incluidos en la Ley como personas con capacidad jurídica para solicitar la Orden de Protección a favor de las víctimas”, aclaró la también presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer.
“Es responsabilidad del Gobierno de Puerto Rico proveerles a las víctimas de violencia doméstica una herramienta más para que se denuncie el abuso que se comete contra éstas, permitiéndoles a familiares cercanos poder gestionar a su nombre, la solicitud de una Orden de Protección, que puede en muchos casos salvar su vida y la de su familia”, concluyó la senadora Peña Ramírez.
